La construcción social y política del medio ambiente

Sección Reseñas

La construcción social y política del medio ambiente, de José Luis Lezama, El Colegio de México, México, 2004, 277 p.

Gustavo Meixueiro Nájera

¿Cuál es el proceso sociopolítico mediante el que un problema se convierte en preocupación pública? ¿Por qué persiste la contaminación atmosférica en la ciudad de México a pesar de los esfuerzos gubernamentales para resolver el problema?

Estas preguntas son las que José Luis Lezama, titular del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de México, se plantea en la construcción social y política del medio ambiente.

La hipótesis central que desarrolla el autor sostiene que existe una construcción social y política de los problemas ambientales en la ciudad de México, y que las diferentes percepciones de los actores no son plenamente incorporadas en los programas gubernamentales, lo cual potencia su fracaso, ya que la población no se identifica con ellos y los ubica como algo ajeno y lejano.

Para que la sociedad reconozca la existencia de un problema se requiere su legitimación, es decir, demostrar mediante argumentos y datos que es real. El autor, retomando a Cynthia Enloe, menciona que para que los problemas sean reconocidos deben ser presentados de manera alarmante para atraer la atención de los medios, del gobierno y generar un sentimiento de amenaza en la población (Enloe, 1975, citada por Lezama, 2004, 38).

Lezama explica que las condiciones para que los problemas ambientales emerjan son generadas por su magnitud, por el daño que provocan y por el nivel de alarma que provocan en la sociedad, pero su reflexión y el análisis para su solución depende de si son concebidas como demandas sociales prioritarias o no.

Sugiere que aunque los científicos determinen niveles de contaminación ambiental que ratifiquen la presencia de un problema, la gente no tiene el conocimiento requerido para entender asuntos como la destrucción de la capa de ozono o el calentamiento global, y agrega que para que el colectivo identifique la contaminación del aire como una prioridad, se requiere que la gente tenga una imagen común de la magnitud del problema ambiental y de su repercusión en la calidad de vida de las personas.

Para el autor, el surgimiento de problemas ambientales como hechos de conciencia social, pasa por un proceso de valoración en el que la percepción del riesgo y el reconocimiento de la contingencia son procesos diferentes de la existencia física y del daño real que representan, el cual aparece como resultado del activismo de grupos ambientalistas, de la difusión de los medios de comunicación, de la información generada por especialistas o por el grupo de personas directamente afectadas, y sólo de esta manera pueden tener la capacidad social y política de ejercer presión e influencia sobre las autoridades gubernamentales.

Para la construcción social y política de la contaminación ambiental de la ciudad de México, José Luis Lezama analiza una serie de entrevistas realizadas a diversos actores sociales donde recolecta información sobre la forma en que la gente vive el problema. Para el desarrollo de la investigación tomó en consideración la percepción y opinión de funcionarios públicos responsables de lidiar con problemas ambientales, académicos, empresarios, activistas, representantes de organismos internacionales y de partidos políticos.

La investigación desarrollada mostró que existen dos maneras de explicar el surgimiento de la conciencia ambiental. Una que señala la magnitud del problema y los daños directos como la razón del proceso de concientización, y otra que sostiene que la preocupación de los problemas ambientales no es resultado de la magnitud o de los daños que ocasionan, sino de los cambios en los valores y una disposición de los individuos para percibir el problema.

De esta forma, el autor presenta la manera en que la contaminación del aire es construida para los diferentes actores involucrados. Para los funcionarios gubernamentales, cuando la gente no estaba muy afectada por la contaminación del aire, no la percibía como un problema, pero cuando comenzaron a sentirse afectados, la conciencia emergió. Para el sector académico, la diseminación del daño en la salud ocasionado por la contaminación surgió detrás de la preocupación pública sobre el deterioro del medio ambiente. Para los empresarios, la contaminación o cualquier fuente de daño ambiental no tienen existencia real, ya que el problema ha sido magnificado por el discurso de los ecologistas y de los partidos políticos.

La mayoría de los ecologistas entrevistados comparte la percepción de que la contaminación del aire representa una seria amenaza para la salud de la sociedad y que la calidad de vida ha venido disminuyendo gradualmente. En opinión de José Luis Lezama, los partidos políticos expresaron, al igual que los activistas ecológicos, una percepción dramática del problema. Para estos sectores, la contaminación del aire no necesita de una mediación cultural para ser percibida, ya que aparece de forma natural por el deterioro ambiental que ocurre en la ciudad de México. Por último, para los organismos internacionales la contaminación es extremadamente severa y afirmaron que la influencia de sus representantes no es requerida por los tomadores de decisiones para que la gente se vuelva consciente del problema.

En su análisis, el autor expone que los actores mostraron una variedad de concepciones e ideas de cómo enfrentar y solucionar los problemas de contaminación atmosférica. Las autoridades gubernamentales plantearon que la contaminación atmosférica se podría solucionar por medio de ajustes y de una mejor coordinación institucional, y se  consideraron como factor central en la solución del asunto; para los académicos es necesario un compromiso social y gubernamental para resolver las causas del deterioro ambiental; los activistas ambientales, al defender su papel como generadores de conciencia, se identificaron como un grupo diferente y necesario, y al igual que los partidos políticos, atribuyeron la responsabilidad del problema al fracaso del gobierno para ejecutar regulaciones y al desempeño incipiente del sector empresarial.

José Luis Lezama argumenta que la forma en que los actores sociales perciben y reconstruyen los problemas de contaminación del aire muestra que en México existe una construcción social de la contaminación atmosférica, la cual debe tomarse en cuenta para contribuir a que el problema sea entendido de mejor forma por el colectivo y para un diseño más eficiente de las políticas y programas gubernamentales.

Con el desarrollo de la investigación, el autor sostiene que los programas gubernamentales están elaborados a partir de una concepción predominantemente técnica de la contaminación del aire, carentes de un análisis que incorpore la dimensión social, y que la búsqueda de alternativas para enfrentar los problemas de contaminación no pueden reducirse al planteamiento de soluciones técnicas.

Sin embargo, el autor advierte que esto no implica ignorar o minimizar los aspectos físicos o técnicos de la contingencia atmosférica. Además, concluye que los diferentes actores involucrados no tienen una visión homogénea de la problemática del aire.

José Luis Lezama plantea que los programas gubernamentales para combatir la contaminación atmosférica en la ciudad de México no incorporan la dimensión social adecuada que complemente el análisis de los especialistas, lo que repercute en una incapacidad para resolver el problema.

Menciona que si el diagnóstico establece que la mayor parte del problema se origina en la calidad de las gasolinas y en el número de automóviles que circulan, entonces las alternativas de solución estarán enfocadas a mejorar el combustible y a disminuir el número de vehículos; es decir, este enfoque privilegia los aspectos técnicos, tanto en el análisis del problema como en su atención, pero las conductas, valores, intereses individuales y colectivos, estarán ausentes.

En síntesis, La construcción social y política del medio ambiente resulta un aporte útil tanto para estudiosos y analistas de los problemas en materia de la contaminación atmosférica, como para los involucrados en el diseño de políticas públicas encaminadas a solucionarlos. Los lectores darán cuenta de que la manera en que los habitantes de una ciudad como la capital de la república toman conciencia de los problemas ambientales depende en gran medida de la forma en que éstos son percibidos por la población y de la voluntad social de observarlos y resolverlos.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Enloe, Cynthia H. (1975), The Politics of Pollution in a Comparative Perspective: Ecology and Power in Four Nations, McKay, Nueva York   

El acertijo de la legitimidad. Por una democracia eficaz en un entorno de legalidad y desarrollo

Sección de Reseñas

El acertijo de la legitimidad. Por una democracia eficaz en un entorno de legalidad y desarrollo de Luis Rubio y Edna Jaime, Fondo de Cultura Económica/ Centro de Investigación para el Desarrollo, México, 2007.

Roberto Ocampo Hurtado

“La legitimidad del Estado moderno, se basa en su legalidad”

(Serrano, 1994, 227).

Diversos analistas políticos, tanto nacionales como extranjeros,[1] han concluido, tras estudiar el desarrollo histórico de México (especialmente el gestado durante el siglo XX), que la legalidad no ha sido un elemento que se haya mantenido vigente y que, en consecuencia, la legitimidad de los gobernantes ha sido producto de elementos ajenos al Estado de derecho. Para Luis Rubio y Edna Jaime dicha realidad se evidenció tras las elecciones presidenciales de 1988 y, de manera muy similar, tras los resultados arrojados por el proceso electoral de 2006.

Por lo anterior, el binomio conformado por los conceptos de legalidad y legitimidad se ha ubicado en los ámbitos académico y político como uno de los temas de mayor relevancia y preocupación.

Ante este panorama, y para explicar ampliamente la complejidad que representa el dilema de la legalidad y la legitimidad, Luis Rubio y Edna Jaime presentan el texto El acertijo de la legitimidad, en el cual se abordan dichos conceptos.

Para estos autores el análisis en torno a la legalidad y la legitimidad en México debe partir del hecho de que pese a que en el país la retórica política es rica en alusiones al respeto a la ley, la realidad cotidiana presenta un escenario muy distinto.

A manera de introducción, los autores afirman que entre las múltiples consecuencias que dejó el proceso electoral de 2006, una de las más preocupantes, es que se evidenció que buena parte de la sociedad muestra desconfianza respecto de la legitimidad de diversas instituciones ligadas al poder político, situación que repercute en un peligroso desdén hacia el Estado de derecho.

Los autores aclaran, antes de abordar el contenido de los nueve capítulos subsecuentes, que la desconfianza social ante la legitimidad de las instituciones no es nueva, pues ésta ya venía manifestándose en años anteriores a las elecciones del 2006, pero que es, a raíz de esa contienda electoral, que la necesidad por atender y resolver ese fenómeno se ha vuelto  más urgente.

Así, dando paso a los capítulos que componen la obra, los autores afirman, en el primero de ellos, que la escasa legitimidad que tienen ciertas instituciones frente al escrutinio de la sociedad, encuentra su origen en el desarrollo mismo del régimen político posrevolucionario, del cual, a la fecha, aún quedan diversos rasgos y prácticas.[2]

Luis Rubio y Edna Jaime afirman que durante el desarrollo y consolidación del régimen posrevolucionario, la legitimidad de los gobernantes mexicanos no se sustentó, contrario a lo que ocurre en otras naciones, en la aplicación irrestricta del Estado de derecho, sino en acciones de gobierno, medianamente efectivas, que fueron denominadas como “las reglas no escritas” del sistema político mexicano.[3]

Al respecto y para ejemplificar la afirmación anterior, los autores mencionan que, desde inicios del régimen posrevolucionario (1929), los gobernantes y las incipientes instituciones fueron alcanzando su legitimidad mediante dos vías: en primer lugar, la aplicación de un férreo control social (no sustentado en la ley), el cual permitió pacificar al país y, en segundo término, dando impulso al desarrollo económico.

Sobre la primera vía mencionada, los autores refieren que el régimen posrevolucionario confeccionó mecanismos de control no democráticos y distantes a la aplicación de la ley, los cuales le permitieron contar con la legitimidad suficiente para mantenerse, por varios años, con el monopolio del poder político.

Luis Rubio y Edna Jaime ubican como uno de esos mecanismos al corporativismo, el cual, al ser utilizado por el régimen, le aseguró a éste contar con legitimidad y mantener plena estabilidad al interior del país: “A grandes rasgos la historia de México del siglo XX es la historia del corporativismo, y el corporativismo no fue ni es democrático” (2007, 44).

El corporativismo que se mantuvo por décadas como una de esas reglas no escritas, hoy en día –así lo mencionan los autores– se mantiene vigente, siendo ahora más perjudicial, ya que, producto de la propia transformación del sistema político, el corporativismo pasó de ser “un instrumento del poder para mantener el control a ser un mecanismo de negociación y extorsión que impide el desarrollo económico y político del país”

(Rubio y Jaime, 2007, 45).

Respecto a la evolución que presentan los mecanismos de control, como es el caso del citado corporativismo y de cómo esta transformación ha generado una descentralización política y el surgimiento de los denominados “poderes fácticos”, es sobre lo que versa el capítulo denominado “La ilegalidad y el Estado de derecho”, el cual sin duda resulta uno de los más interesantes para el lector.

En él, Luis Rubio y Edna Jaime realizan un breve recorrido por las formas y símbolos (a los que nombran como “narrativas”), que dieron forma a la construcción de la ideología en la que se legitimó el régimen priísta.

El sistema político de las décadas de 1940 y 1950 –que se encontraba ya consolidado–, construyó una narrativa, un discurso de legalidad frente a la sociedad, que le permitió contar con una elocuente legitimidad, la cual, desafortunadamente en los hechos, era tan sólo de forma y no de fondo.

Tal situación generó que desde aquel momento y aún hoy en día, prevalezca una confusión teórica, un dilema sin resolver, entre lo que debe entenderse por los conceptos de legalidad y legitimidad.

Y es que dada la existencia de las denominadas “reglas no escritas”, no sólo se impidió que en México la autoridad y la legitimidad de los gobernantes emanaran, como único fundamento, de la ley, sino que además engendró en la sociedad una cultura lejana al Estado de derecho, situación que es sintetizada en el libro de la siguiente manera: “En lugar de ver a la ley como una norma de carácter obligatorio, el mexicano la ve como una guía, cuando no como una aspiración. Nadie se siente obligado a cumplir con la ley, máxime cuando observa que muchos otros no lo hacen y que, en la peor de las circunstancias, siempre puede negociar la aplicación de la ley” (Rubio y Jaime, 2007, 64).

Ante el dilema conceptual entre legalidad y legitimidad que se vive en México, el cual –de acuerdo con la visión de Luis Rubio y Edna Jaime– se profundizó tras el fin del régimen priísta y el arribo a la presidencia de políticos que no aprovecharon la alternancia en el poder para establecer un sistema político acorde con las transformaciones democráticas y apegado al Estado de derecho, los autores proponen, valiéndose de un análisis sobre la concepción teórica del “contrato social”, la posibilidad de confeccionar, de manera urgente y a través de consensos, un nuevo contrato entre sociedad y gobierno.

La concreción de ese nuevo contrato social debería partir de un profundo análisis respecto de los planteamientos teóricos esbozados por pensadores de la altura de Thomas Hobbes, John Locke y, sobre todo, de Juan Jacobo Rousseau.

Más tarde, una vez que se han examinado dichos planteamientos teóricos, los autores proponen que, mediante el consenso, gobierno y sociedad construyan un nuevo contrato que comprenda los siguientes elementos:

a) el contenido del contrato debe ser atractivo para que todos quepan en él; b) el constructor del contrato debe tener la suficiente capacidad para sumar a unos y forzar a otros para refrendarlo; c) se debe establecer una amenaza creíble para obligar a quienes pretendan apartarse del contrato, y d) a partir de la consolidación del contrato, la fuerza del Estado debe emplearse de manera inteligente y proactiva.

Ahora bien, en el texto se menciona que pese a que la propuesta de confeccionar un nuevo contrato social, a partir de un sólido consenso, resulta viable y atractiva, se debe tomar en cuenta que no siempre los consensos alcanzados derivan en el escenario anhelado.

Dicha situación es expuesta en el capítulo denominado “Coordenadas para la reforma constitucional”, en donde, a manera de ejemplo, se expone que si bien las reformas electorales de la década de 1990 pudieron concretarse a través de consensos, éstas no generaron los resultados esperados, ya que aún y pese a que se arribó a un escenario de alternancia en el poder, la administración presidencial pasada dejó trunca la consolidación plena de esas mismas reformas electorales, situación que se manifestó, claramente, en el proceso electoral del 2006.

Para Luis Rubio y Edna Jaime, un elemento que repercute en el hecho de que los consensos alcanzados entre sociedad y gobierno no siempre redunden en los escenarios anhelados, tiene que ver con la propia naturaleza humana, en donde los individuos y los actores políticos en general, al intentar imponer, por encima de sus semejantes, sus propios intereses, determinan el éxito o fracaso de los acuerdos o consensos, los cuales, pese a establecerse, no  suelen trascender; por lo que: “El reto para todo sistema político es coordinar estos intereses, acotarlos y minimizar sus efectos perniciosos” (2007, 94).

Por lo anterior, los autores sostienen que para que los consensos entre sociedad y gobierno generen los resultados que de ellos se espera, lo que debe prevalecer, desde el momento en que se alcanza el acuerdo, es que éste goce del ejercicio pleno del Estado de derecho, es decir, que sea respetado, situación que repercutirá directamente en que todos los actores e instituciones que participan y que se adhieren a él cuenten con legitimidad.

Ante la contundencia del párrafo anterior, Luis Rubio y Edna Jaime señalan que el reto que tiene el gobierno es fenomenal, ya que, en lo inmediato, éste no sólo debe propiciar consensos con la sociedad, sino que además debe confeccionar y consolidar instituciones que, al atender las demandas e intereses de los mexicanos, éstas adquieran plena legitimidad para actuar.

Para lograrlo, para que las instituciones estén provistas de legitimidad, en el texto se menciona (siendo esta una de las aportaciones más importantes del libro), que la única opción factible es que esas instituciones sean verdaderas generadoras de desarrollo tanto en el plano social como en el político, pero sobre todo en el económico: “Las instituciones importan, porque tanto en política como en economía, determinan el resultado. Explican la evolución de una sociedad, su ímpetu o su estancamiento” (Rubio y Jaime, 2007, 100).

Partiendo de la afirmación anterior, se da paso, en un subsecuente fragmento del libro, al análisis de ciertas teorías económicas que aducen el porqué de la existencia, en el concierto internacional, de naciones desarrolladas y naciones subdesarrolladas.

Al respecto de esas teorías económicas, vale la pena que el lector se detenga en el análisis que los autores presentan en torno de la denominada “teoría de la modernización” y la relación que ésta tiene con el desarrollo democrático de las naciones.

En igual sentido resulta valioso el análisis que se realiza en torno de la obra de algunos pensadores que profundizaron en el estudio de los procesos de transición democrática;[4] procesos que guardan, de acuerdo con lo que mencionan Luis Rubio y Edna Jaime, una estrecha relación con el tema del desarrollo económico, pero sobre todo con el de la legitimidad de las instituciones.

Ahora bien, una vez que ha quedado de manifiesto el hecho de que la legitimidad de las instituciones del Estado resulta fundamental para el desarrollo de una sociedad, los autores retoman y discuten el tema de la necesaria reconstrucción institucional en México, para lo cual se preguntan:

¿Qué del problema político en México?, a lo que, en un ejercicio de reflexión, ellos mismos responden que hoy, lo que más debe preocupar al gobierno, más allá de los problemas político-electorales, es la evidente división de la sociedad mexicana, en donde una parte de ella actúa y piensa conforme a la ley, mientras que otra porción la considera fácilmente manipulable o, incluso, francamente rebasada; en otras palabras, existen mexicanos que al respetar la ley brindan legitimidad a las instituciones, mientras que otros, al considerar que las instituciones son ineficientes (dado que no resuelven sus problemas), simplemente las menosprecian.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Serrano Gómez, Enrique (1994), Legitimidad

y racionalización, Anthropos/

UAM, Barcelona.

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[1] Entre los que se encuentran, sólo por citar a algunos de ellos, Daniel Cosío Villegas, Jorge Carpizo, Stephen D. Morris y Roderic Ai Camp.

[2] S obre la desconfianza que la sociedad mexicana muestra respecto de algunas instituciones, véase la encuesta telefónica nacional de BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer nacional y opinión pública, febrero de 2008.

[3] Respecto al término de “reglas no escritas”, Luis Rubio y Edna Jaime refieren lo siguiente: “…esas reglas no sólo fueron escritas, aunque permanecieron secretas, sino que su cumplimiento era draconiano. Durante décadas todo el sistema político priísta operó bajo el principio de que se trataba de reglas implícitas y, más importante que todo el andamiaje legal del país –desde la Constitución hasta la última ley reglamentaria– no era más que una mera formalidad que se podía violar a voluntad” (2007, 36).

[4] Entre ellos se encuentran: Juan Linz, Alfred Stephan, Philippe Schmitter y Guillermo O´Donell.