El acertijo de la legitimidad. Por una democracia eficaz en un entorno de legalidad y desarrollo de Luis Rubio y Edna Jaime, Fondo de Cultura Económica/ Centro de Investigación para el Desarrollo, México, 2007.
Roberto Ocampo Hurtado
“La legitimidad del Estado moderno,
se basa en su legalidad”
(Serrano, 1994, 227).
Diversos
analistas políticos, tanto nacionales como extranjeros,[1]
han concluido, tras estudiar el desarrollo histórico de México (especialmente
el gestado durante el siglo XX), que la legalidad no ha sido un elemento que se
haya mantenido vigente y que, en consecuencia, la legitimidad de los gobernantes
ha sido producto de elementos ajenos al Estado de derecho. Para Luis Rubio y
Edna Jaime dicha realidad se evidenció tras las elecciones presidenciales de
1988 y, de manera muy similar, tras los resultados arrojados por el proceso
electoral de 2006.
Por lo anterior, el binomio conformado por los
conceptos de legalidad y legitimidad se
ha ubicado en los ámbitos académico y político como uno de los temas de mayor
relevancia y preocupación.
Ante este panorama, y para explicar ampliamente
la complejidad que representa el dilema de la legalidad y la legitimidad, Luis
Rubio y Edna Jaime presentan el texto El acertijo de la legitimidad,
en el cual se abordan dichos conceptos.
Para estos autores el análisis en torno a la
legalidad y la legitimidad en México debe partir del hecho de que pese a que en
el país la retórica política es rica en alusiones al respeto a la ley, la
realidad cotidiana presenta un escenario muy distinto.
A manera de introducción, los autores afirman
que entre las múltiples consecuencias que dejó el proceso electoral de 2006,
una de las más preocupantes, es que se evidenció que buena parte de la sociedad
muestra desconfianza respecto de la legitimidad de diversas instituciones
ligadas al poder político, situación que repercute en un peligroso desdén hacia
el Estado de derecho.
Los autores aclaran, antes de abordar el
contenido de los nueve capítulos subsecuentes, que la desconfianza social ante
la legitimidad de las instituciones no es nueva, pues ésta ya venía
manifestándose en años anteriores a las elecciones del 2006, pero que es, a
raíz de esa contienda electoral, que la necesidad por atender y resolver ese
fenómeno se ha vuelto más urgente.
Así, dando paso a los capítulos que componen la
obra, los autores afirman, en el primero de ellos, que la escasa legitimidad
que tienen ciertas instituciones frente al escrutinio de la sociedad, encuentra
su origen en el desarrollo mismo del régimen político posrevolucionario, del
cual, a la fecha, aún quedan diversos rasgos y prácticas.[2]
Luis Rubio y Edna Jaime afirman que durante el
desarrollo y consolidación del régimen posrevolucionario, la legitimidad de los
gobernantes mexicanos no se sustentó, contrario a lo que ocurre en otras
naciones, en la aplicación irrestricta del Estado de derecho, sino en acciones
de gobierno, medianamente efectivas, que fueron denominadas como “las reglas no
escritas” del sistema político mexicano.[3]
Al respecto y para ejemplificar la afirmación
anterior, los autores mencionan que, desde inicios del régimen posrevolucionario
(1929), los gobernantes y las incipientes instituciones fueron alcanzando su
legitimidad mediante dos vías: en primer lugar, la aplicación de un férreo
control social (no sustentado en la ley), el cual permitió pacificar al país y,
en segundo término, dando impulso al desarrollo económico.
Sobre la primera vía mencionada, los autores
refieren que el régimen posrevolucionario confeccionó mecanismos de control no
democráticos y distantes a la aplicación de la ley, los cuales le permitieron
contar con la legitimidad suficiente para mantenerse, por varios años, con el
monopolio del poder político.
Luis Rubio y Edna Jaime ubican como uno de esos
mecanismos al corporativismo, el cual, al ser utilizado por el régimen, le
aseguró a éste contar con legitimidad y mantener plena estabilidad al interior
del país: “A grandes rasgos la historia de México del siglo XX es la historia
del corporativismo, y el corporativismo no fue ni es democrático” (2007, 44).
El corporativismo que se mantuvo por décadas
como una de esas reglas no escritas, hoy en día –así lo mencionan los autores–
se mantiene vigente, siendo ahora más perjudicial, ya que, producto de la
propia transformación del sistema político, el corporativismo pasó de ser “un instrumento
del poder para mantener el control a ser un mecanismo de negociación y
extorsión que impide el desarrollo económico y político del país”
(Rubio y Jaime, 2007, 45).
Respecto a la evolución que presentan los
mecanismos de control, como es el caso del citado corporativismo y de cómo esta
transformación ha generado una descentralización política y el surgimiento de
los denominados “poderes fácticos”, es sobre lo que versa el capítulo
denominado “La ilegalidad y el Estado de derecho”, el cual sin duda resulta uno
de los más interesantes para el lector.
En él, Luis Rubio y Edna Jaime realizan un breve
recorrido por las formas y símbolos (a los que nombran como “narrativas”), que
dieron forma a la construcción de la ideología en la que se legitimó el régimen
priísta.
El sistema político de las décadas de 1940 y
1950 –que se encontraba ya consolidado–, construyó una narrativa, un discurso
de legalidad frente a la sociedad, que le permitió contar con una elocuente legitimidad,
la cual, desafortunadamente en los hechos, era tan sólo de forma y no de fondo.
Tal situación generó que desde aquel momento y
aún hoy en día, prevalezca una confusión teórica, un dilema sin resolver, entre
lo que debe entenderse por los conceptos de legalidad y legitimidad.
Y es que dada la existencia de las denominadas
“reglas no escritas”, no sólo se impidió que en México la autoridad y la
legitimidad de los gobernantes emanaran, como único fundamento, de la ley, sino
que además engendró en la sociedad una cultura lejana al Estado de derecho,
situación que es sintetizada en el libro de la siguiente manera: “En lugar de
ver a la ley como una norma de carácter obligatorio, el mexicano la ve como una
guía, cuando no como una aspiración. Nadie se siente obligado a cumplir con la
ley, máxime cuando observa que muchos otros no lo hacen y que, en la peor de las
circunstancias, siempre puede negociar la aplicación de la ley” (Rubio y Jaime,
2007, 64).
Ante el dilema conceptual entre legalidad y
legitimidad que se vive en México, el cual –de acuerdo con la visión de Luis
Rubio y Edna Jaime– se profundizó tras el fin del régimen priísta y el arribo a
la presidencia de políticos que no aprovecharon la alternancia en el poder para
establecer un sistema político acorde con las transformaciones democráticas y
apegado al Estado de derecho, los autores proponen, valiéndose de un análisis
sobre la concepción teórica del “contrato social”, la posibilidad de confeccionar,
de manera urgente y a través de consensos, un nuevo contrato entre sociedad y
gobierno.
La concreción de ese nuevo contrato social
debería partir de un profundo análisis respecto de los planteamientos teóricos
esbozados por pensadores de la altura de Thomas Hobbes, John Locke y, sobre
todo, de Juan Jacobo Rousseau.
Más tarde, una vez que se han examinado dichos
planteamientos teóricos, los autores proponen que, mediante el consenso,
gobierno y sociedad construyan un nuevo contrato que comprenda los siguientes
elementos:
a) el contenido del
contrato debe ser atractivo para que todos quepan en él; b)
el constructor del contrato debe tener la suficiente capacidad para
sumar a unos y forzar a otros para refrendarlo; c)
se debe establecer una amenaza creíble para obligar a quienes
pretendan apartarse del contrato, y d) a
partir de la consolidación del contrato, la fuerza del Estado debe emplearse de
manera inteligente y proactiva.
Ahora bien, en el texto se menciona que pese a
que la propuesta de confeccionar un nuevo contrato social, a partir de un
sólido consenso, resulta viable y atractiva, se debe tomar en cuenta que no
siempre los consensos alcanzados derivan en el escenario anhelado.
Dicha situación es expuesta en el capítulo
denominado “Coordenadas para la reforma constitucional”, en donde, a manera de
ejemplo, se expone que si bien las reformas electorales de la década de 1990
pudieron concretarse a través de consensos, éstas no generaron los resultados
esperados, ya que aún y pese a que se arribó a un escenario de alternancia en
el poder, la administración presidencial pasada dejó trunca la consolidación plena
de esas mismas reformas electorales, situación que se manifestó, claramente, en
el proceso electoral del 2006.
Para Luis Rubio y Edna Jaime, un elemento que
repercute en el hecho de que los consensos alcanzados entre sociedad y gobierno
no siempre redunden en los escenarios anhelados, tiene que ver con la propia
naturaleza humana, en donde los individuos y los actores políticos en general,
al intentar imponer, por encima de sus semejantes, sus propios intereses, determinan
el éxito o fracaso de los acuerdos o consensos, los cuales, pese a
establecerse, no suelen trascender; por
lo que: “El reto para todo sistema político es coordinar estos intereses,
acotarlos y minimizar sus efectos perniciosos” (2007, 94).
Por lo anterior, los autores sostienen que para
que los consensos entre sociedad y gobierno generen los resultados que de ellos
se espera, lo que debe prevalecer, desde el momento en que se alcanza el
acuerdo, es que éste goce del ejercicio pleno del Estado de derecho, es decir,
que sea respetado, situación que repercutirá directamente en que todos los
actores e instituciones que participan y que se adhieren a él cuenten con
legitimidad.
Ante la contundencia del párrafo anterior, Luis
Rubio y Edna Jaime señalan que el reto que tiene el gobierno es fenomenal, ya
que, en lo inmediato, éste no sólo debe propiciar consensos con la sociedad,
sino que además debe confeccionar y consolidar instituciones que, al atender
las demandas e intereses de los mexicanos, éstas adquieran plena legitimidad para
actuar.
Para lograrlo, para que las instituciones estén
provistas de legitimidad, en el texto se menciona (siendo esta una de las
aportaciones más importantes del libro), que la única opción factible es que
esas instituciones sean verdaderas generadoras de desarrollo tanto en el plano
social como en el político, pero sobre todo en el económico: “Las instituciones
importan, porque tanto en política como en economía, determinan el resultado.
Explican la evolución de una sociedad, su ímpetu o su estancamiento” (Rubio y
Jaime, 2007, 100).
Partiendo de la afirmación anterior, se da paso,
en un subsecuente fragmento del libro, al análisis de ciertas teorías
económicas que aducen el porqué de la existencia, en el concierto
internacional, de naciones desarrolladas y naciones subdesarrolladas.
Al respecto de esas teorías económicas, vale la
pena que el lector se detenga en el análisis que los autores presentan en torno
de la denominada “teoría de la modernización” y la relación que ésta tiene con
el desarrollo democrático de las naciones.
En igual sentido resulta valioso el análisis que
se realiza en torno de la obra de algunos pensadores que profundizaron en el
estudio de los procesos de transición democrática;[4]
procesos que guardan, de acuerdo con lo que mencionan Luis Rubio y Edna Jaime, una
estrecha relación con el tema del desarrollo económico, pero sobre todo con el
de la legitimidad de las instituciones.
Ahora bien, una vez que ha quedado de manifiesto
el hecho de que la legitimidad de las instituciones del Estado resulta
fundamental para el desarrollo de una sociedad, los autores retoman y discuten
el tema de la necesaria reconstrucción institucional en México, para lo cual se
preguntan:
¿Qué del problema político en México?, a lo que,
en un ejercicio de reflexión, ellos mismos responden que hoy, lo que más debe
preocupar al gobierno, más allá de los problemas político-electorales, es la
evidente división de la sociedad mexicana, en donde una parte de ella actúa y piensa
conforme a la ley, mientras que otra porción la considera fácilmente manipulable
o, incluso, francamente rebasada; en otras palabras, existen mexicanos que al
respetar la ley brindan legitimidad a las instituciones, mientras que otros, al
considerar que las instituciones son ineficientes (dado que no resuelven sus problemas),
simplemente las menosprecian.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Serrano Gómez, Enrique
(1994), Legitimidad
y racionalización,
Anthropos/
UAM, Barcelona.
• • •
[1] Entre los que se encuentran, sólo por citar a
algunos de ellos, Daniel Cosío Villegas, Jorge Carpizo, Stephen D. Morris y
Roderic Ai Camp.
[2] S obre
la desconfianza que la sociedad mexicana muestra respecto de algunas instituciones,
véase la encuesta telefónica nacional de BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer
nacional y opinión pública, febrero de 2008.
[3] Respecto al término de “reglas no escritas”,
Luis Rubio y Edna Jaime refieren lo siguiente: “…esas reglas no sólo fueron
escritas, aunque permanecieron secretas, sino que su cumplimiento era draconiano.
Durante décadas todo el sistema político priísta operó bajo el principio de que
se trataba de reglas implícitas y, más importante que todo el andamiaje legal
del país –desde la Constitución hasta la última ley reglamentaria– no era más
que una mera formalidad que se podía violar a voluntad” (2007, 36).
